El
derecho de autodeterminación de los pueblos -el derecho a decidir,
que se dice ahora- es un derecho democrático fundamental e
inalienable, pero que no reconoce la Constitución monárquica de
1978; y ese es, justamente, el problema a resolver que se plantea en
los comicios catalanes del próximo 27 de septiembre.
Para
las izquierdas los derechos sociales y los derechos nacionales son
inseparables. Por eso, durante la Dictadura franquista las izquierdas
española y catalana defendieron la autodeterminación de las
naciones históricas, casos de Cataluña, Euskadi y Galicia. Eso
significaba defender la ruptura democrática con el franquismo, y
poner a referéndum la forma de Estado -Monarquía o República-, así
como el encaje de esos territorios en una fórmula de Estado
plurinacional.
La
derrota de la ruptura democrática, primero, y la aceptación después
de la Constitución monárquica de 1978 por el PSOE y el PCE condujo
a no resolver el problema; algunos lo pagaron caro, tal como ocurrió
con la desintegración partidaria del PCE desde 1981, y la práctica
desaparición de su homónimo, el Partido Socialista Unificado de
Catalunya (PSUC). Y ahora, a la vuelta de más de tres décadas, hay
quienes se reclaman del desaparecido PSUC, y hasta el nacionalismo
catalán, se disfraza de independentismo de izquierda. ¿Qué ha
pasado? ¿Qué está pasando?
Hasta
la debacle del partido hegemónico del catalanismo burgués,
Convergencia Democrática de Cataluña, y de su líder y
fundador, el "molto honorable" Jordi Pujol, el
independentismo no estaba en su hoja de ruta. Desde 1980 a 2002 Pujol
gobernó sin problemas, llenando los bolsillos de su familia y de su
partido, tras convertir cínicamente la estafa de Banca Catalana en
un "ataque a Cataluña"; al paso que los gobiernos
españoles de PSOE y PP no encaraban el saqueo organizado de las
arcas públicas que el fer país del pujolismo llevaba a cabo.
Al
reinado del pujolismo le vino de perlas la ley electoral del
reformismo franquista, tanto en las elecciones generales, como
en las autonómicas. En las generales, porque cuando el sistema
bipartidista no era perfecto - o sea, el partido ganador carecía de
mayoría absoluta- Madrid recurría a los escaños de Pujol, que más
caro los vendía; en las autonómicas, porque la ley electoral al
subestimar los votos de las aglomeraciones urbanas, como el área
metropolitana y proletaria de Barcelona, convertía en censitarios
los comicios catalanes.
Pese
a las semejanzas entre la derecha española del PP y la derecha
catalana de Pujol en políticas antisociales y escándalos de
corrupción, el choque entre el nacionalismo español y el
nacionalismo catalán ha sido estrepitoso desde que el PP recurrió
al Tribunal Constitucional para "cargarse" el nuevo
Estatuto catalán (2005) y lo consiguió. No sin provocar que el
soberanismo y la petición de referéndum ganase terreno.
A
la postre, el sucesor de Pujol y presidente de la Generalitat, Artur
Mas, optó por envolverse en la bandera independentista para
matar varios pájaros de un tiro: frenar el hundimiento de su
partido, y buscarle un desagüe a las brutales políticas
neoliberales que viene aplicando y que en nada desmerecen de las del
PP en el Estado español. Eso explica que la candidatura
independentista de Artur Mas, "Junts pel Sí", aparte de
plantearse en términos plebiscitarios, ni siquiera haya
publicitado su programa electoral.
En
cambio, en la izquierda destacan dos coaliciones que pretenden ligar
lo social y lo nacional:
la independentista "Candidatura de
Unidad Popular" (CUP) y la no independentista "Catalunya Si
que es Pot" (CSQP), en la que participa Podemos. Ambas se
proponen un proceso constituyente desde abajo, sobre la base de un
referéndum vinculante. Pero difieren y no poco en el largo alcance,
ya que CSQP se limita a la perspectiva de una Catalunya democrática,
de justicia social y libre de corrupción, mientras la CUP defiende
el republicanismo con una perspectiva de clase, y rechaza a la Europa
oligárquica del Euro, desde un punto de vista anticapitalista.
Fdo:
Encarna Ruiz Galacho
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