En
la noche del pasado 22 de julio fueron desalojados del Parlamento
andaluz por la Policía Nacional los 45 alcaldes de Izquierda Unida
que se encerraron en la llamada sala de uso múltiple; pero por lo
visto la sala en cuestión no hace del todo honor a ese nombre, al no
incluir en los usos el de encerrarse en ella. La cosa pasó
desapercibida porque no todos los medios se hicieron eco, porque
después de estar en un gobierno bipartito con el PSOE, hay quienes
le aplican a las contadas protestas de IU el refrán de ir por lana y
salir trasquilado, cosa de la que se encargan, en primera instancia,
sus antiguos socios de gobierno.
El
motivo del encierro de los alcaldes era protestar por el cambio
de criterio de la Junta sobre unos planes de empleo. Solo
pensaban en un encierro de 24 horas, pero salieron sin ofrecer
resistencia visible. La Policía fue requerida por el presidente de
la Cámara autonómica, el socialista Juan Pablo Durán, como no
podía ser de otra manera, el cual desoyó la petición del
coordinador regional y portavoz del grupo parlamentario de IU,
Antonio Maíllo, que acompañaba en su encierro a los regidores. El
Sr. Durán se escudó en que la sede parlamentaria no estaba para
esos trotes y que así fue estipulado por la Mesa del Parlamento hace
6 años, o sea, el 30 de octubre de 2009.
En
esa tesitura los de IU se encontraron sin argumentos a su favor, por
aquello de que cuando, posteriormente, el bipartito PSOE-IU
tuvo ocasión de revocar el citado acuerdo de la Mesa no lo hizo. En
consecuencia, el Sr. Maíllo tuvo que remitir el conflicto planteado
a la falta de “sensibilidad” y de “mano izquierda” del
presidente de la Cámara. El problema es que tendrán que ir con pies
de plomo. Porque tampoco revocaron el asunto de las dietas de los
parlamentarios, ni el de las cesantías de los miembros del gobierno
de la Junta. Precisamente, también en el mes de julio se conoció
las cesantías de 100.000 euros a los dos ex altos cargos de IU en el
bipartito de marras: el ex vicepresidente Sr. Diego Valderas y el del
ex consejero de Turismo y Comercio, Sr. Rafael Rodríguez. Como los
demás, ambos cesaron muy a su pesar al ser destituidos por la
presidenta de la Junta.
Con
el gasto en cesantías se dice evitar que los ex altos cargos no
caigan en la tentación de las “actividades privadas, directamente
relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resoluciones
en el ejercicio del cargo”. O sea, para evitar, a costa de
erario público, que caigan en la corrupción y la inmoralidad de las
puertas giratorias por la que tantos políticos pasan a la nómina de
la empresa privada que beneficiaron en el desempeño del cargo
público, o que pueden beneficiar en el futuro.
Al
final no solo cabe compadecerse del desplome electoral de IU en
Andalucía (reducida a 5 diputados autonómicos), sino el que haya
estado a punto de no tener ni grupo parlamentario, por mor de una ley
restrictiva que aprobó para otros estando en el bipartito. Pues con
esa falta de generosidad pensaba cortarle el paso a la competencia y
encarar los nuevos fenómenos.
Fdo:
Encarna Ruiz Galacho
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