LAS REFORMAS CHAPUCERAS DE LA CONSTITUCIÓN.

La Constitución Española de 1978 se hizo por consenso del arco parlamentario y con vocación inmovilista. Se trataba de que la monarquía parlamentaria - la democracia monárquica, que dicen- no fuera cuestionada ni por asomo, y con esa finalidad blindaron a buena parte de su articulado de toda reforma viable. Esto explica que después de 37 años de vigencia de la Constitución el mecanismo de reforma extraordinario, que figura en el artículo 168, no haya sido utilizado, y que el mecanismo ordinario del artículo 167 lo haya sido dos veces  y de mala manera.

No obstante, como “el cretinismo parlamentario” ha sido constante en España, hubo un tiempo que estuvo de moda, por parte del centro izquierda, decir que con la Constitución del 78 se podía llegar al ”socialismo”, no al desdibujado del PSOE, sino al socialismo no capitalista del tipo de “otro mundo es posible”. Y esto se decía tomando pie en el articulado económico y social, que si en unos casos podía alentar medidas de “capitalismo de Estado”, en otros casos eran artículos bien intencionados, pero sin aplicación práctica por los gobernantes, o sea los derechos universales al trabajo y la vivienda, y aquellos otros, conocidos por fictio juris. Además, de no tener idea de la cuestión primordial: que el socialismo auténtico no es solo un régimen socioeconómico distintivo sino un régimen político necesariamente republicano.

El procedimiento ordinario de reforma (art.167) fue utilizado dos veces, y esto no por impulso propio, sino siguiendo el dictado foráneo de la Unión Europea (UE); la primera reforma fue con motivo del Tratado de Maastrich, relativa a la participación en los comicios locales,  y la segunda para reformar el art.135, que acordaron velozmente, con nocturnidad y alevosía, el PSOE y el PP, en las postrimerías del gobierno Zapatero,  y con el objetivo castrador de poner el pago de las deudas a los bancos por encima de cualquier otra prioridad económica y social.

En un brillante artículo, el catedrático Jorge de Esteban identificaba el deficitario reformismo constitucional español con una anomalía en sí y respecto a la UE. Y lo achacaba sobre todo a dos motivos: 
1) al “conservadurismo psicológico de la clase política española”; 
2) a la falsa creencia de que las reformas tengan que ser siempre por consenso. En ese sentido, ilustraba algunas de las situaciones chuscas que se han producido al objeto de sortear el tema del consenso, caso del nuevo escudo constitucional, aprobado por ley ordinaria en octubre de 1981, durante el último gobierno de UCD presidido por Leopoldo Calvo Sotelo.  


Una ley además “fraudulenta”, a decir de este catedrático de derecho constitucional, que revela asimismo como el tema del escudo fue un olvido de “los padres de la Constitución”,  por lo que  el texto original de la misma se aprobó por las Cortes y fue a referéndum con el escudo de la dictadura franquista. Una ironía de la historia, después de todo, con la que se haría patente la ausencia de ruptura democrática y el cordón umbilical de la monarquía con el franquismo.

Fdo: Encarna Ruiz Galacho

CUANDO LAS DESGRACIAS NO VIENEN SOLAS

En la noche del pasado 22 de julio fueron desalojados del Parlamento andaluz por la Policía Nacional los 45 alcaldes de Izquierda Unida que se encerraron en la llamada sala de uso múltiple; pero por lo visto la sala en cuestión no hace del todo honor a ese nombre, al no incluir en los usos el de encerrarse en ella. La cosa pasó desapercibida porque no todos los medios se hicieron eco,  porque después de estar en un gobierno bipartito con el PSOE, hay quienes le aplican a las contadas protestas de IU el refrán de ir por lana y salir trasquilado, cosa de la que se encargan, en primera instancia, sus antiguos socios de gobierno.

El motivo del encierro de los alcaldes era protestar por el  cambio de criterio  de la Junta sobre unos  planes de empleo. Solo pensaban en un encierro de 24 horas, pero salieron sin ofrecer resistencia visible. La Policía fue requerida por el presidente de la Cámara autonómica, el socialista Juan Pablo Durán, como no podía ser de otra manera, el cual desoyó la petición del coordinador regional y portavoz del grupo parlamentario de IU, Antonio Maíllo, que acompañaba en su encierro a los regidores. El Sr. Durán se escudó en que la sede parlamentaria no estaba para esos trotes y que así fue estipulado por la Mesa del Parlamento hace 6 años, o sea,  el 30 de octubre de 2009.

En esa tesitura los de IU se encontraron sin argumentos a su favor, por aquello de que  cuando, posteriormente, el bipartito PSOE-IU tuvo ocasión de revocar el citado acuerdo de la Mesa no lo hizo. En consecuencia, el Sr. Maíllo tuvo que remitir el conflicto planteado a la falta de “sensibilidad” y de “mano izquierda” del  presidente de la Cámara. El problema es que tendrán que ir con pies de plomo. Porque tampoco revocaron el asunto de las dietas de los parlamentarios, ni el de las cesantías de los miembros del gobierno de la Junta. Precisamente, también en el mes de julio se conoció las cesantías de 100.000 euros a los dos ex altos cargos de IU en el bipartito de marras: el ex vicepresidente Sr. Diego Valderas y el del ex consejero de Turismo y Comercio, Sr. Rafael Rodríguez. Como los demás, ambos cesaron muy a su pesar al ser destituidos por la presidenta de la Junta.

Con el gasto en cesantías se dice evitar que los ex altos cargos no caigan en la tentación de las “actividades privadas, directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resoluciones en el ejercicio del cargo”. O sea,  para evitar, a costa de erario público, que caigan en la corrupción y la inmoralidad de las puertas giratorias por la que tantos políticos pasan a la nómina de la empresa privada que beneficiaron en el desempeño del cargo público, o que pueden beneficiar en el futuro.

Al final no solo cabe compadecerse del desplome electoral de IU en Andalucía (reducida a 5 diputados autonómicos), sino el que haya estado a punto de no tener ni grupo parlamentario, por mor de una ley restrictiva que aprobó para otros estando en el bipartito. Pues con esa falta de generosidad pensaba cortarle el paso a la competencia y encarar  los nuevos fenómenos.

Fdo: Encarna Ruiz Galacho

LA "O" DE OBRERO Y LA PREGUNTA DE LLOPIS.

El PSOE era un partido marginal durante el tardofranquismo. La dirección de este partido, con su secretario general, Rodolfo LLopis, al frente estaba exiliada, y residía en Toulouse. Otro tanto le ocurría a la dirección del PCE que residía en París, ya que uno y otro eran partidos proscritos y perseguidos. Pero mientras el PCE era un partido potente que se aplicaba a la caída del franquismo y las urgencias de la lucha, los jóvenes del PSOE pensaban más en su papel en el “después de Franco qué”. Por lo pronto, pensaron en salir de la marginalidad que achacaban a la falta de vista de los de Toulouse por la vía freudiana de “matar al padre”, o sea que el viejo LLopis quedó  sentenciado. Y así escenificaron entre 1970 y 1974 una lucha entre lo viejo y lo nuevo, en términos generacionales de jóvenes contra viejos, y del interior (de España) frente al exilio, a escala discursiva y organizativa.

En el interior de España, los reducidos núcleos militantes del PSOE se localizaban en el País Vasco, Asturias, Madrid y Sevilla. En agosto de 1972 todos, en aras de la renovación, conspiraron para deponer a Llopis en su ausencia, y dejar el cargo de secretario general vacante durante dos años. Éste y sus leales resistieron, haciendo su congreso en diciembre del mismo año. En consecuencia, el partido quedó escindido entre el PSOE “histórico” de LLopis y sus viejos camaradas, y el PSOE “renovado” de los jóvenes que, desde 1974, iba a liderar el sevillano Felipe González, tras el célebre Congreso de Suresnes, al declinar Nicolás Redondo su candidatura, ya que la importancia de los vascos era mucho mayor que la de los sevillanos. Naturalmente, para entonces la jugada ya tenía el visto bueno de la Internacional Socialista y era cuestión de tiempo que los viejos derrotados se resignaran a quedar fuera del mapa.

Sin embargo, antes de ser depuesto el viejo Llopis, en el XII Congreso, tuvo tiempo de olfatear el ideario de sus sucesores y abordar a los que suponía más conspirativos o de mayor trascendencia futura, caso del sevillano Alfonso Guerra, entonces un joven profesor, aficionado al teatro y a las puestas en escena. Juan Andrade en su libro “El PCE y el PSOE en (la) transición” (pág.134), cuenta que en su primer encuentro, Llopis le preguntó a Guerra, con buen criterio por lo obreros de Sevilla, y que éste con desdén por los obreros le contestó que en Sevilla no tenían inquietudes políticas. Ante la respuesta Llopis confesó quedar muy sorprendido, no se sabe si el viejo estaba al tanto del ascendiente que tenía el movimiento de Comisiones Obreras y la influencia del PCE, o simplemente le llamó la atención la poca sintonía de los vástagos del PSOE con la “o” de obrero. Y lo mejor de todo: Llopis lo dejó escrito, y lo más curioso: la carpeta lleva el rótulo de “papeles secretos del PSOE”. No es para menos, después de todo el antiobrerismo del PSOE “renovado” en general y del grupo sevillano, en particular, hay que entenderlo como un rechazo al obrerismo de la transformación social, o si se prefiere el de “la potencialidad transformadora de la clase obrera” (J.Andrade). Y sobre esa cuestión del “mal disimulado antiobrerismo”, que dice este autor, yo tengo también un testimonio del que a lo mejor escribo otro día.

Fdo. Encarna Ruiz Galacho 

POR LA POLÍTICA DEL VIVIR Y NO POR EL VIVIR DE LA POLÍTICA.

El parlamento andaluz destina 5.059.450 de euros a las retribuciones de sus 109 diputados según su presupuesto. Cada diputado cobra una mensualidad de 3.020,29 euros y otras cantidades a tenor del cargo. Entre esas cantidades se encuentran el cobro de dietas por manutención y alojamiento, las cuales depende en teoría de la distancia entre su lugar de residencia y el Hospital de las Cinco Llagas, en Sevilla, sede de la Cámara autonómica.

 Estas cantidades fijas, o sea que no hay que justificar oscilan entre 800 euros  y 1.640 euros mensuales,  si bien el devengo de las mismas es semanal, según el régimen económico en vigor. Añádase que las dietas en cuestión son tan fijas que se cobran sin trabajar, caso de los meses de enero y agosto en los que no funciona la Cámara.

Pues bien, ha tenido que llegar un nuevo partido como Podemos para poner sobre el tapete el tema de las dietas y de camino cuestionar los privilegios de los que dicen  servir al pueblo y que se comportan poco menos que como sanguijuelas del erario público. A este grupo parlamentario le honra, además, haber donado 14.400 euros,  correspondientes a las dietas de sus 15 diputados, a la ONG Educo, sostenedora de comedores escolares en las ocho provincias de la región. Y esto en la perspectiva de proponer la reforma del Reglamento del Parlamento para que el dinero de las dietas se cobre en función del  gasto real que supongan. Es más, la secretaria general de esta nueva formación en Andalucía, Teresa Rodríguez, subrayó en los medios de comunicación tres ideas importantes al respecto: 

1) el compromiso de su grupo parlamentario con la renuncia a los privilegios que tienen como diputados.

2) el rechazo a que la política se conciba como trampolín vitalicio para el lucro personal, en lugar de una dedicación voluntaria y temporal.

3) la exigencia del grupo parlamentario de vivir como sus representados, que son la ciudadanía trabajadora y decente que han de representar.

Huelga decir que ninguno de los grupos del arco parlamentario ha secundado la ejemplaridad de Podemos. En el caso de Izquierda Unida hay que anotar que tampoco combatió como debía los privilegios que nos ocupan, y por ello no cumplió con la misión educativa respecto al erario público, esto es, no convertir a este último, en un medio de lucro personal u organizativo. Pues el hecho de que los 5 diputados de IU no dispongan de las dietas, por ejemplo, debido a los problemas económicos de la coalición no es algo nuevo, aunque ahora sea más acuciante tras el desplome electoral. Algo que se ha venido justificando  en nombre de la izquierda menesterosa, carente de medios económicos, pero que olvidaba el obligado respeto al erario público y por ende a los contribuyentes que no son, precisamente, los grandes capitales sino la población trabajadora.

Finalmente,decir que no me he molestado en la crítica a la casta de profesionales y vividores de la vieja política en la que se sitúa el PSOE-A; y que no poco se han servido de la “O” de obreros, a modo de engañabobos de los "sociolistos", y por ello imposible de ser un referente mínimamente ético. O sea lo dicho.

Fdo: Encarna Ruiz Galacho