El
pasado 1 de noviembre el número de pensiones de la Seguridad Social
alcanzaba en España los 9,35 millones, de los cuales 5,6 millones
son pensiones de jubilación. Y lo que toca decir al respeto es que
los gobiernos del PSOE y el PP son los responsables del fatalismo
sobre el porvenir que atraviesa el tema de las pensiones públicas y
de los pensionistas en este país.
Es
más, el gobierno del PSOE, tan patrimonializador de la "izquierda",
fue el primero en atacar a las pensiones. En 1985 el gobierno de
Felipe González inició el ataque, y a éste respondió la
confederación sindical de Comisiones Obreras, dirigida por Marcelino
Camacho, convocando -junto a otros sindicatos menores- una huelga
general memorable.
Desde
entonces, al igual que con las "reformas" laborales del
PSOE y el PP, las cosas han ido de mal en peor para la clase
trabajadora.
Unas
veces se nos asusta con que España es el país de la Unión Europea
de más baja natalidad; otras que poco hay que hacer, con 5 millones
de parados, pésimas condiciones de trabajo, ínfimos salarios y una
grave indefensión para millones de trabajadores.
Con
todo, es la mayoría asalariada con nómina la que apecha en España
con la fiscalidad, con el lema de "Hacienda somos todos".
Cuando los que menos pagan son los que más tienen.
Por
ello la clase trabajadora puede y debe exigir que la sostenibilidad
de las pensiones públicas deje de ser manipulada por los gobiernos
de turno y sea garantizado cada año por los Presupuestos Generales
del Estado.
El
gasto en pensiones en España solo representa el 10% del PIB, cuando
la media de la Eurozona es del 12,2%. Asimismo las cotizaciones en
España (13% del PIB) está por debajo de la media de la Eurozona
(14% ) y lejos de Holanda y Alemania (17%) y de Francia (19%).
Lógicamente,
la presión fiscal en nuestro país está también 8 puntos por
debajo de la media de la Eurozona y de la UE. Para colmo, Rajoy ha
venido asaltando año tras año el Fondo de Reserva de las pensiones
hasta dejarlo en poco menos de la mitad, 34.000 millones, un fondo
que tenía en 2011 nada menos que 66.815 millones de euros.
Precisamente,
estos días, Juan F. Martín Seco, en un artículo: Las pensiones
y el 20-D, señalaba la escasa atención que el programa
electoral del PSOE prestaba a las pensiones.
Para
este economista: "La variable esencial a la hora de plantear la
viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones no es
otra que la evolución de la renta per cápita". Siendo el
Estado "el que debe asegurar que todos los trabajadores en su
vejez dispongan de una prestación digna".
Por
ello, pregunta, con buen criterio : "¿por qué van a ser
únicamente los trabajadores y los salarios los que tengan que
soportar la carga de sostener las pensiones? ¿Acaso no deben
contribuir a ello las rentas de capital y los beneficios
empresariales?"
Hay
que terminar, por tanto, de una vez con el "asustaviej@s"
de los gobiernos de turno. Hay una solidaridad generacional a
defender. Y la solución es que el pago de las pensiones públicas
corra, como digo, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Fdo:
Encarna Ruiz Galacho
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